La Junta de Gobierno Local de València aprobó el 8 de octubre un proyecto de 2.825.360,53 euros para localizar fugas en la red de agua potable. La actuación, encomendada a la Empresa Mixta Valenciana de Aguas (EMIVASA), prevé dispositivos que analizan ruidos y vibraciones y un sistema de control por fibra óptica. Su plazo estimado es de siete meses, pero no empieza a contar con el acuerdo municipal: el cómputo arranca el día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo.

El proyecto se centra en la red de agua potable

La medida se dirige a las tuberías de distribución de agua potable. Los sensores previstos analizarán señales de ruido y vibración con el objetivo de ayudar a identificar pérdidas antes y orientar su localización. El sistema de control por fibra óptica forma parte de la misma actuación, aunque la comunicación municipal no detalla cómo se conectará con los dispositivos acústicos ni qué variables registrará.

Esa descripción permite entender el alcance funcional, pero todavía no el diseño completo. La comunicación municipal del 8 de octubre no indica cuántos dispositivos se instalarán, en qué puntos irán colocados ni qué tramos o barrios se priorizarán. Tampoco especifica los modelos de sensores ni una secuencia de despliegue por fases. Por eso, el anuncio acredita la aprobación de una intervención sobre la red de abastecimiento, pero no permite afirmar que cada calle vaya a recibir equipos ni anticipar dónde se harán trabajos en superficie.

La actuación se integra en el programa de digitalización del agua SHiNE-AMV, vinculado al PERTE del ciclo del agua. El mismo proyecto marco reúne distintas intervenciones. La nota municipal distingue esta instalación de los equipos de medida y transmisión de datos para la red de saneamiento, aprobados con anterioridad. Aunque ambas líneas se asocien a la digitalización hidráulica, esta aprobación concreta se ocupa de la red que lleva agua potable a los hogares, no de la recogida de aguas residuales.

Localizar una pérdida y repararla son fases distintas. La inversión descrita se refiere a sistemas de monitorización y localización. La comunicación no anuncia válvulas que cierren automáticamente una conducción, reposición de tuberías ni un calendario de reparaciones. Si los equipos detectan una anomalía, su utilidad para el vecindario dependerá de que la señal permita ubicarla y de las actuaciones posteriores que correspondan.

Cómo se reparte el presupuesto

El presupuesto total asciende a 2.825.360,53 euros. De esa cantidad, 2.335.008,70 euros corresponden al importe sin IVA, que incluye los trabajos y los honorarios de redacción y dirección. Los 490.351,83 euros restantes son IVA. Las dos partidas suman el total anunciado.

La financiación indicada para la parte sin IVA combina una ayuda de 847.762,63 euros, concedida por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y asignada directamente a EMIVASA, con 1.487.246,07 euros de financiación municipal con cargo a crédito presupuestario. Esta segunda suma completa los 2.335.008,70 euros previos al impuesto. El Ayuntamiento soportará el IVA, que tiene consideración de deducible.

El desglose permite separar el coste de los trabajos y sus honorarios del impuesto, y distinguir la ayuda estatal de la aportación municipal. La comunicación municipal del 8 de octubre no recoge una previsión cuantificada de ahorro de agua o de dinero atribuible a este despliegue. La finalidad declarada es facilitar la localización de pérdidas. La cantidad de agua que se llegue a recuperar dependerá de las fugas que se detecten y de las reparaciones que puedan ejecutarse, datos que todavía no forman parte de un resultado medido.

El plazo depende del inicio efectivo de los trabajos

El plazo previsto es de siete meses contados desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo. Ese punto de partida importa porque la fecha de aprobación, el 8 de octubre, no equivale a la fecha de inicio sobre el terreno. La comunicación municipal no da una fecha para esa firma, de modo que no se puede calcular un mes de finalización sumando siete meses al acuerdo.

Durante la ejecución, EMIVASA deberá coordinar los trabajos con la explotación de la red. El Ayuntamiento señala como prioridad mantener la continuidad del suministro de agua potable. Esa condición describe cómo se debe organizar la intervención mientras la red sigue prestando servicio. No equivale a un calendario de obras por calles ni permite descartar ajustes puntuales cuando se concrete cada actuación.

Qué falta para saber cómo afectará a cada zona

Para los residentes, la información práctica pendiente es el mapa de tramos, la ubicación de los equipos y las fechas de instalación. Sin esos datos no se puede anticipar si habrá ocupaciones de acera, aperturas de arquetas o limitaciones temporales en una calle determinada. La comunicación tampoco ofrece un cronograma vecinal por calles ni una fecha para consultar incidencias concretas.

La aprobación sí establece quién ejecutará la actuación, qué tecnologías se prevén, cuánto presupuesto se ha asignado y desde qué hito se contará el plazo. El siguiente dato útil será el inicio efectivo del proyecto y su programación por zonas. A partir de ahí podrá comprobarse si el sistema ayuda a localizar fugas con la rapidez prevista y si las reparaciones asociadas reducen pérdidas en la red. Hasta entonces, los siete meses son una duración estimada de ejecución, no una fecha de puesta en servicio ya fijada.