El Real Decreto-ley 33/2026 entra en vigor este jueves 12 de noviembre y establece nuevas medidas estatales para responder a la DANA Adam. Para los negocios de la Safor, la novedad más directa es una ayuda fija de 5.000 euros para personas autónomas y de 10.000 euros para pymes y otras entidades sin personalidad jurídica. La norma también prevé alivios tributarios para algunos inmuebles y actividades económicas, además de apoyos agrarios y obras en infraestructuras públicas.

La fecha de entrada en vigor no significa que cualquier persona o empresa afectada pueda solicitar ya todas las ayudas con un formulario común. Cada línea tiene sus propios destinatarios, límites y trámites. En particular, la ayuda estatal al comercio, turismo y hostelería se gestionará por la Cámara de España. El convenio que debe formalizarse entre esta entidad y los ministerios responsables concretará el calendario y la presentación de solicitudes.

El municipio y el daño deben estar dentro del ámbito oficial

La DANA Adam afectó al sur de Valencia y al norte de Alicante entre el 17 y el 19 de octubre. Para las medidas tributarias y las ayudas estatales a negocios, el decreto delimita los municipios de la Comunitat Valenciana afectados los días 18 y 19 de octubre mediante la relación publicada el 2 de noviembre, vinculada a los anexos de los decretos autonómicos sobre municipios, viviendas, vehículos y actividad económica. El real decreto permite que la Delegación del Gobierno amplíe después esa relación para incluir otros municipios si se acreditan daños directos de intensidad suficiente y la ampliación se publica en el BOE.

Por eso, que un establecimiento esté en la provincia de Valencia o en una comarca afectada no basta por sí solo. Hay que comprobar el municipio en el listado oficial aplicable a la línea concreta. También se debe acreditar que los daños o la interrupción de la actividad guardan relación directa con las inundaciones. El perímetro de las obras hidráulicas y costeras y el de las medidas agrarias se determina según las condiciones propias de cada artículo, así que no conviene trasladar automáticamente a una ayuda la lista de otra.

Quién puede recibir los 5.000 o 10.000 euros

La ayuda estatal cubre actividades de comercio minorista, turismo y hostelería que se desarrollen en un establecimiento físico abierto al público dentro de los municipios incluidos. Pueden ser destinatarias las personas autónomas, las pequeñas y medianas empresas y las comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades sin personalidad jurídica.

En el comercio minorista, el decreto incluye las actividades del código CNAE 47, salvo la venta de vehículos de motor y motocicletas. También contempla las agrupaciones 64, salvo el epígrafe 647.5, 65, salvo el grupo 655, y 97, grupos 971 y 972, del IAE. Para turismo y hostelería, contempla alojamiento, comidas y bebidas, alquiler de artículos de ocio y deporte, agencias de viaje y reservas, actividades artísticas, culturales y recreativas. La actividad debe estar dada de alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores antes del episodio meteorológico.

La ayuda es de 5.000 euros por establecimiento si la destinataria es una persona autónoma y de 10.000 euros por establecimiento si se trata de una pyme o una entidad sin personalidad jurídica. La cuantía prevista para una pyme es el doble de la correspondiente a una persona autónoma, con 5.000 euros de diferencia por establecimiento. Es una cuantía fija, no un reembolso calculado a partir del presupuesto de reparación o de una tasación individual. Una misma empresa puede recibirla por más de un local si cada establecimiento cumple todos los requisitos por separado, dentro de los límites europeos sobre ayudas públicas.

El daño puede consistir en desperfectos materiales en el local, las instalaciones, la maquinaria, el mobiliario o las mercancías. También se admite la interrupción, suspensión o limitación efectiva de la actividad, incluso cuando no haya daños materiales, siempre que se pruebe su duración y el vínculo directo con el episodio. La mera ubicación dentro de un municipio incluido no acredita ese perjuicio. Además, la empresa debe mantener la actividad o comprometerse a reanudarla en un máximo de seis meses desde la concesión.

La norma excluye a las entidades que gestionan espacios colectivos cuando la reclamación corresponde a daños en zonas, instalaciones, equipamientos o servicios comunes. Un comercio, hotel o local de hostelería individual situado en ese espacio sí puede optar a la ayuda si reúne sus propios requisitos. La cuantía también puede reducirse si concederla íntegra superase el límite disponible de ayudas de minimis para la empresa.

Qué documentación y qué procedimiento prevé la norma

La solicitud se tramitará con un formulario simplificado que se habilitará en la sede electrónica de la Cámara de España. Antes, el convenio entre la Secretaría de Estado de Comercio, la Secretaría de Estado de Turismo y la Cámara debe concretar el calendario, la documentación, la tramitación, los controles y el sistema de pago. El decreto no fija por sí mismo un día de apertura ni una fecha de cierre para esta convocatoria estatal.

La persona titular del negocio deberá presentar una declaración responsable que identifique el establecimiento, describa el daño o la interrupción y explique su relación con la DANA. También tendrá que aportar al menos un documento que permita comprobarlo. El texto contempla, entre otros ejemplos, informes municipales o de emergencias, fotografías o vídeos fechados e identificables, facturas de limpieza o reparación, avisos por cortes de suministros y restricciones oficiales de acceso o movilidad.

Las solicitudes completas se atenderán por orden de presentación hasta que se agote el crédito disponible. Si la Cámara pide subsanar una solicitud, el orden se contará desde el día en que quede completa. Preparar ahora la documentación del perjuicio puede ayudar a presentar un expediente claro cuando se publique el formulario, pero la ayuda no se concede automáticamente ni basta con haber iniciado otra solicitud ante la Generalitat. Son circuitos distintos, con administraciones y reglas propias.

Alivios fiscales de 2026 para inmuebles y negocios

El decreto exonera del IBI de 2026 algunos inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales dañados directamente por la DANA. La condición general es que las personas y los bienes que se encontraban en ellos hayan tenido que ser realojados, total o parcialmente, hasta que se reparen los daños. También se contempla el supuesto de pérdidas en producciones agrícolas y ganaderas. Por tanto, no basta con que un inmueble presente daños para presumir que tiene derecho a la exención.

Para el IAE de 2026, se establece una reducción proporcional al periodo en que un negocio dañado haya tenido que cerrar o trasladarse hasta recuperar la actividad con normalidad. La medida alcanza a industrias, establecimientos mercantiles, marítimo-pesqueros, turísticos y profesionales que cumplan las condiciones del ámbito territorial y del daño. La reducción depende del tiempo que dure el cierre o traslado, y no tiene una cuantía fija común para todos los negocios.

Quienes ya hayan pagado los recibos de IBI o IAE pueden pedir la devolución de las cantidades correspondientes si cumplen las condiciones. La exención del IBI y la reducción del IAE no sustituyen la ayuda fija para establecimientos: son medidas tributarias separadas, con requisitos distintos. La reducción fiscal del IAE, además, depende del tiempo de cierre o traslado, mientras que la subvención empresarial tiene una cuantía fija por local elegible.

Agricultores y comunidades de regantes tienen trámites distintos

Los titulares de pólizas de seguro agrario que estaban vigentes cuando ocurrió la DANA pueden recibir una subvención complementaria hasta que las ayudas públicas alcancen el 70 % del coste de la prima. Para optar, el siniestro debe ser indemnizable, las tasaciones definitivas deben estar disponibles y el parte debe haberse comunicado a Agroseguro antes de que transcurran cinco días hábiles desde la entrada en vigor. Agroseguro abonará la ayuda en la cuenta de la póliza cuando se cumplan esos requisitos.

Otra línea compensa daños en la producción asegurada que no cubra la indemnización. Se dirige también a titulares de pólizas con un siniestro indemnizable y parte comunicado dentro de esos cinco días hábiles. La cuantía se calcula a partir de la tasación definitiva y de las condiciones de cada póliza. No se concederá si el importe resultante es inferior a 100 euros. El procedimiento será de oficio: Agricultura publicará relaciones de posibles beneficiarios y cada persona tendrá cinco días hábiles para rechazar la ayuda o corregir errores materiales.

El decreto destina además 3 millones de euros a reparar daños en cauces e infraestructuras hidráulicas de titularidad estatal de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y 70 millones a actuaciones de emergencia en la costa valenciana y a mejorar su respuesta ante futuros temporales. Son partidas para obras públicas, no pagos individuales a vecinos o negocios.

Para los establecimientos de la Safor, el paso práctico es distinguir la subvención estatal a negocios de los beneficios fiscales y las líneas autonómicas, y confirmar el municipio y el daño exigidos antes de preparar cada solicitud. El 12 de noviembre quedan aprobadas las reglas estatales, pero el trámite de la Cámara dependerá del convenio y del formulario que se habiliten.