El Ayuntamiento de València y la Generalitat anunciaron el 9 de noviembre una campaña de inspección contra el ejercicio no habilitado de la actividad profesional de guía turístico. Los controles corresponderán a inspectores de Turismo de la Generalitat, con apoyo de la Policía Local cuando sea necesario. El anuncio prevé que las actuaciones se desarrollen en las próximas semanas, pero no fija una fecha concreta de inicio. Por eso, la campaña todavía no puede darse por comenzada.

La pregunta práctica es qué actividad requiere habilitación y qué pueden comprobar los inspectores. La normativa autonómica ofrece una definición precisa para responder a la primera parte. Sobre el procedimiento de las inspecciones, el anuncio permite confirmar que se revisará la acreditación profesional cuando sea exigible, pero no detalla qué documento tendrá que mostrar cada guía ni cómo se harán las comprobaciones.

Qué actividad necesita acreditación

El artículo 75 de la Ley 15/2018 define la profesión de guía oficial de turismo como la prestación habitual y retribuida de servicios de difusión e información sobre recursos o manifestaciones de interés histórico, artístico, cultural, geográfico u otro carácter turístico de la Comunitat Valenciana. Para ejercer esa actividad se requiere la acreditación correspondiente, cuyos requisitos se desarrollan en el reglamento autonómico.

La definición contiene dos condiciones que importan para entender el alcance de los controles: que el servicio sea habitual y que se preste a cambio de una remuneración. La norma vincula la habilitación a la actividad profesional de informar sobre recursos turísticos. No convierte cualquier conversación sobre la ciudad, una indicación ocasional o una explicación sin carácter profesional en una visita guiada sujeta automáticamente a los mismos requisitos. La calificación depende de las circunstancias del servicio.

Tampoco se debe concluir que toda persona que guíe a visitantes en València necesita obtener una habilitación valenciana nueva. La ley permite a los guías establecidos en otras comunidades autónomas ejercer aquí si desarrollan legalmente su actividad. También contempla a profesionales de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo habilitados en sus países de origen, con arreglo a las reglas de reconocimiento de cualificaciones. La inspección anunciada se dirige a comprobar que quienes prestan el servicio cuentan con la acreditación que les corresponde, no a aplicar una única vía a todos los perfiles.

Qué podrán revisar los inspectores

La campaña anunciada pone el foco en la acreditación profesional. Según el dispositivo descrito por el Ayuntamiento y la Generalitat, los inspectores autonómicos podrán comprobar si las personas que prestan servicios de guía están habilitadas. La Policía Local colaborará cuando sea necesario. El protocolo de cooperación publicado por el Ayuntamiento el 1 de junio ya recogía el apoyo municipal a la inspección turística y preveía definir cada año las acciones conjuntas mediante un calendario específico, incorporado al Plan de Inspección de ese ejercicio.

El anuncio añade una posible consecuencia cuando se detecte ejercicio clandestino: la Generalitat podrá iniciar actuaciones sancionadoras contra el profesional y contra la empresa para la que trabaje, según el caso. Eso no significa que cada inspección termine automáticamente en una sanción. La apertura de actuaciones no equivale a una resolución firme, y la comunicación de noviembre no concreta importes, criterios para fijar una sanción ni un procedimiento especial para esta campaña.

La información anunciada tampoco aporta un calendario con días, zonas, número de controles o frecuencia. En consecuencia, no hay base para afirmar que los inspectores ya hayan empezado, ni para prever dónde acudirán primero. La parte comprobable es más limitada: la administración autonómica comprobará acreditaciones en los servicios sujetos a habilitación y el Ayuntamiento podrá prestar apoyo.

La actualización de julio y las vías de habilitación

La Ley 3/2026, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 2 de julio, modificó varios artículos del Decreto 62/1996 que regula la profesión. Los cambios actualizaron las titulaciones y vías para acreditar la cualificación profesional, además del acceso a las pruebas de habilitación. No alteraron la definición básica de la actividad profesional del artículo 75 de la Ley 15/2018.

Entre las vías previstas, ciertas titulaciones de turismo y otras titulaciones universitarias pueden acreditar la cualificación sin superar las pruebas, siempre que se acredite también dominio de una lengua extranjera de nivel mínimo B2 del Marco Común Europeo. Ese nivel lingüístico se vincula a la vía de cualificación directa descrita en el reglamento, por lo que no debe leerse como un requisito idéntico para toda persona habilitada por cualquiera de las rutas. La reforma incluye titulaciones relacionadas con turismo, historia, historia del arte, geografía, bellas artes y gestión cultural, entre otras. Para determinados títulos universitarios se contempla la acreditación de la unidad de competencia UC2579_3, centrada en prestar servicios de guía, acompañamiento y asistencia en la divulgación del patrimonio en entornos urbanos.

La modificación también permite que personas con otras titulaciones oficiales de ciclo formativo superior, diplomatura, licenciatura o grado acrediten esa unidad de competencia. Para acceder a las pruebas de habilitación, el reglamento recoge titulaciones oficiales de esos niveles y exige homologación cuando se trate de títulos extranjeros. Son vías distintas, por lo que no se puede resumir la regla como una exigencia general de un único grado universitario o de una prueba idéntica para todas las personas.

Esta actualización es relevante para interpretar qué significa estar habilitado. La inspección debe comprobar la acreditación exigible según la vía aplicable, no decidir a partir de una lectura simplificada de una sola titulación. Dos guías pueden acreditar la cualificación por caminos distintos aunque presten servicios parecidos, así que la comprobación debe atender a la habilitación reconocida y no solo al nombre de un título. La información pública del dispositivo no explica cómo consultará los registros, si la acreditación debe mostrarse físicamente ni qué comprobante concreto utilizará. No conviene completar esos vacíos con requisitos que no aparecen en la norma ni en el anuncio.

La campaña no pone en vigor la futura ordenanza

La lucha contra el intrusismo se ha presentado junto a la intención municipal de ordenar las visitas turísticas, pero son asuntos distintos. El primero consiste en comprobar si un servicio profesional de guía cumple la obligación de acreditación que ya establece la normativa autonómica. El segundo corresponde a una Ordenanza de Convivencia y Civismo que, según lo comunicado por el Ayuntamiento el 10 de noviembre, seguía en fase de elaboración.

La Plataforma de Guías de Turismo de la Comunitat Valenciana apoyó que se prioricen las inspecciones contra el intrusismo y pidió revisar las reglas previstas para el tamaño de los grupos. El colectivo planteó que esas limitaciones podrían afectar a actividades educativas, sociales y culturales. La discusión pertenece al desarrollo de la ordenanza y no cambia los requisitos profesionales que ya están vigentes.

Los límites para grupos, las restricciones sobre sistemas de sonido y otras medidas mencionadas al hablar de la ordenanza son propuestas futuras. No deben interpretarse como reglas actualmente aplicables ni como el objeto de las inspecciones anunciadas. Las fuentes municipales trasladadas el 10 de noviembre señalaban que aún debía completarse la redacción, que habría un periodo transitorio y una campaña informativa antes de aplicar sanciones, además de una exención para las visitas de centros educativos.

Para visitantes, profesionales y empresas, la distinción permite saber qué está confirmado: la habilitación puede exigirse a quien presta habitualmente y a cambio de remuneración servicios profesionales de información turística, con vías específicas para guías de otras comunidades y de la Unión Europea. La campaña prevé comprobar ese requisito, pero su inicio no tiene fecha pública. Las reglas de convivencia que puedan afectar al tamaño o al funcionamiento de los grupos siguen pendientes de la futura ordenanza.