El Pleno de València acordó el 23 de octubre continuar la tramitación de 18 programas de actuación integrada (PAI) que podrían generar suelo para unas 13.000 viviendas, incluidas 2.855 de protección pública. La decisión salió adelante en una sesión extraordinaria sobre vivienda, en la que el gobierno municipal rechazó las tres mociones de Compromís y aprobó dos alternativas del concejal de Urbanismo, Juan Giner.

Para entender qué cambia, conviene separar la capacidad urbanística de las viviendas que ya tienen licencia, están en obras o se pueden ocupar. La cifra de 13.000 describe el potencial conjunto de varios expedientes. No equivale a una entrega próxima ni a un compromiso de construcción inmediata.

El acuerdo mantiene expedientes en marcha

Un PAI es un programa que organiza la gestión y la urbanización de una o varias unidades de ejecución. El texto legal valenciano le atribuye funciones como planificar la transformación de los terrenos y ordenar las fases de las obras. La aprobación o continuidad de un PAI, por sí sola, no concede las licencias de construcción de cada edificio ni pone viviendas en el mercado.

El acuerdo del 23 de octubre plantea que siga la tramitación de los 18 programas y que continúe la concesión de licencias. La cifra del conjunto ya formaba parte de la estrategia municipal: en agosto, el Ayuntamiento informó de 18 PAI en tramitación con un potencial superior a 13.000 viviendas, de las que 2.855 serían protegidas. El voto de octubre respalda la continuidad de esa línea. No convierte cada expediente en un proyecto terminado ni crea de una vez las viviendas previstas.

La referencia se presenta redondeada. El acuerdo habla de 13.000 viviendas y el balance anterior, de más de 13.000. En ambos casos, los 2.855 pisos protegidos forman parte de una capacidad estimada. No son viviendas construidas ni un recuento de casas disponibles para alquilar o comprar. Tampoco se desprende de ese total cuándo empezará cada obra, en qué barrio se entregará primero o qué precio tendrá cada vivienda.

Qué medidas sí respaldó el Pleno

La primera moción alternativa aprobada mantiene la aplicación de las normas urbanísticas sobre alojamientos turísticos aprobadas el 31 de marzo de 2026. También plantea ayudas en el presupuesto municipal de 2027 para que las comunidades de propietarios puedan cambiar sus estatutos y oponerse a apartamentos turísticos en los bajos de edificios residenciales mixtos. La propuesta contempla promover un convenio con el Colegio de Administradores de Fincas y mantener las inspecciones y las órdenes de cese de alojamientos ilegales. La ayuda para las comunidades depende de su inclusión en las cuentas de 2027, por lo que no es una subvención ya abierta.

La segunda alternativa, sobre acceso a la vivienda, incluye seguir otorgando licencias y continuar la tramitación de los PAI. Propone además responder a las solicitudes para volver a destinar alojamientos turísticos a vivienda residencial, revisar el Plan General para permitir que algunos despachos se transformen en viviendas y avanzar en la regulación de las viviendas interiores. Son medidas de distinto alcance. Algunas dependen de cambios de planeamiento o de trámites posteriores.

El texto también recoge criterios para determinados procedimientos de adjudicación de vivienda pública. Incluye el empadronamiento ininterrumpido durante al menos cinco años y la nacionalidad española, junto con la valoración de la residencia efectiva y los vínculos con la ciudad. El acuerdo reclama además reformas estatales relacionadas con los desalojos, el subarriendo fraudulento, el hacinamiento y la infravivienda. Esas peticiones requieren actuaciones de otras administraciones y no modifican por sí mismas la legislación estatal.

Tres mociones de Compromís quedaron rechazadas

Compromís había solicitado declarar València zona de mercado residencial tensionado y limitar los precios del alquiler. Su segunda moción proponía cambios para restringir los apartamentos turísticos y recuperar la tasa turística. La tercera reunía medidas sobre el derecho a la vivienda, entre ellas reforzar la protección ante los desahucios y ampliar la vivienda social y asequible. Las tres fueron rechazadas por la mayoría municipal formada por PP y Vox. El PSPV respaldó las propuestas de Compromís durante el debate.

Por tanto, la sesión no aprobó una declaración de zona tensionada ni un sistema municipal de límites al alquiler. En su lugar prosperaron las dos alternativas del PP sobre vivienda turística y acceso residencial. Siete entidades y asociaciones ciudadanas intervinieron durante el pleno para exponer sus preocupaciones sobre el acceso a la vivienda. La sesión incluyó también una interpelación sobre la actuación de los Servicios Sociales ante los desahucios y la exclusión residencial.

Los próximos hitos medirán el avance real

El balance municipal del Plan + Vivienda ofrece otras cifras que conviene leer por separado. En agosto, el Ayuntamiento comunicó que desde 2023 había concedido licencias para 5.465 viviendas, incorporado 523 al parque público municipal y activado la construcción de 606 viviendas de protección pública adicionales. Son indicadores con estados y alcances distintos. No se pueden sumar automáticamente a la capacidad de los 18 PAI ni atribuirse íntegramente a esos programas.

Para saber cuánto se acerca el potencial anunciado a nuevas viviendas, el seguimiento útil es expediente por expediente: qué planeamiento está aprobado, cuánto suelo queda pendiente de urbanizar, qué licencias se conceden, cuándo arrancan las obras y cuántas viviendas protegidas llegan a entregarse. El acuerdo fija una orientación para el trabajo municipal. Los permisos, el inicio de las obras y la entrega de viviendas mostrarán cuánto de esa capacidad llega a materializarse.