València inicia hoy, martes 13 de octubre, la fase en la que la Policía Local puede levantar boletines de denuncia por conductas contrarias a la ordenanza de limpieza. La modificación está vigente desde el 15 de junio, pero el Ayuntamiento reservó del 1 al 12 de octubre una campaña informativa en barrios y pedanías. El cambio de hoy es operativo: los agentes pasan de advertir sobre estas conductas a tramitar denuncias.

Para los vecinos, la diferencia práctica está en la calificación de cada infracción. La norma contempla tres niveles, con máximos generales de 750, 1.500 y 3.000 euros. La cuantía no se aplica de manera automática y el tope más alto no corresponde a cualquier gesto que ensucie una acera. También importa cómo se produjo, qué daño causó y qué circunstancias concurren.

La ordenanza llevaba en vigor desde junio

El pleno municipal aprobó definitivamente la modificación el 30 de abril. El texto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 22 de mayo y entró en vigor el 15 de junio. Por tanto, el 13 de octubre no es el día en que nacen las obligaciones. Es la fecha anunciada por el Ayuntamiento para terminar el periodo de información preventiva y empezar a tramitar denuncias por los incumplimientos.

La campaña informativa se desarrolló del 1 al 12 de octubre. Antes de ese despliegue, el 18 de septiembre, la Policía Local había formado a agentes de barrio de distintas unidades. El Ayuntamiento explicó que las advertencias se centrarían en el abandono de muebles, los residuos fuera de los contenedores, las necesidades fisiológicas en la vía pública y la suciedad provocada por animales.

La ordenanza se aplica dentro del término municipal de València. Su ámbito comprende las calles y otros espacios públicos, las playas y la separación y el depósito de residuos. No establece una norma provincial para municipios vecinos, que mantienen sus propias ordenanzas.

La presidenta de la Federació d'Associacions Veïnals de València, María José Broseta, consideró el 12 de octubre que el Ayuntamiento debería haber dedicado más esfuerzos a explicar el cambio. La Federación dijo que analizará si las cuantías son adecuadas y apeló a la colaboración ciudadana. Su valoración refleja una cuestión práctica: para evitar conductas sancionables, las obligaciones deben conocerse antes de que se produzca una infracción.

Qué conductas son leves, graves o muy graves

El texto vigente fija un máximo de 750 euros para las infracciones leves, 1.500 euros para las graves y 3.000 euros para las muy graves. Son límites máximos por categoría, no importes fijos que se cobren siempre que se denuncia una conducta.

Entre las infracciones leves figuran arrojar colillas, chicles, papeles, cáscaras y residuos pequeños similares fuera de las papeleras. También se incluye no limpiar inmediatamente con agua la orina de un animal. En estos casos, la calificación general es leve, con un máximo de 750 euros.

Abandonar muebles o enseres en la vía pública o junto a los contenedores está tipificado como infracción grave. La misma categoría contempla no recoger de inmediato los excrementos de un animal y satisfacer necesidades fisiológicas en espacios públicos no habilitados cuando no se trate de elementos protegidos por su valor patrimonial. El límite general de las infracciones graves es de 1.500 euros.

Las muy graves pueden llegar a 3.000 euros. La ordenanza reserva esa categoría, entre otros supuestos, para vertidos que pongan en peligro grave la salud o provoquen un daño ambiental grave, las pintadas sobre elementos protegidos y las necesidades fisiológicas sobre esos bienes protegidos.

Esta separación permite interpretar con cuidado las cifras difundidas durante la campaña. El abandono ordinario de muebles y las necesidades fisiológicas en un espacio no protegido aparecen en el texto como infracciones graves, con un tope general de 1.500 euros. Los 3.000 euros corresponden a supuestos muy graves, como la afectación de patrimonio protegido o un riesgo grave para la salud o el medio ambiente. Las colillas y los residuos pequeños, por su parte, constan entre las infracciones leves.

La calificación puede depender de las circunstancias. La ordenanza manda valorar la entidad de la conducta, la intencionalidad, la reincidencia o reiteración, el riesgo o daño ocasionado y el beneficio obtenido. Para los incumplimientos de limpieza también cuenta la superficie afectada y el coste de los trabajos necesarios. En los casos relacionados con recogida y transporte de residuos se tienen en cuenta el peso, el tipo y el volumen del material, además del coste de recogerlo y tratarlo.

Por eso, dejar una bolsa en un lugar inadecuado no siempre puede resumirse con la misma cantidad. El texto distingue el depósito contrario a las condiciones ordinarias, el abandono incontrolado y las situaciones con efectos graves sobre la salud, el medio ambiente o la seguridad. La descripción concreta de los hechos y la gravedad acreditada condicionan el expediente.

Un boletín de denuncia no fija por sí solo la multa

El inicio de la fase sancionadora permite a los agentes extender boletines cuando constaten una conducta recogida en la ordenanza. Ese documento pone los hechos en conocimiento del Ayuntamiento, pero no significa que la persona denunciada tenga que pagar de inmediato el máximo anunciado para esa categoría.

La norma atribuye a la Junta de Gobierno Local la resolución de los expedientes sancionadores, aunque esa competencia puede delegarse. La tramitación se ajusta a la legislación general sobre procedimiento administrativo y régimen jurídico del sector público. En el expediente se valora la descripción de lo ocurrido y las circunstancias que determinan si la infracción es leve, grave o muy grave.

El margen entre una conducta leve y otra de mayor gravedad es relevante en hechos que parecen parecidos a simple vista. No es lo mismo dejar un residuo pequeño junto a una papelera que abandonar un volumen de basura que cause un perjuicio serio. Tampoco se aplica la misma categoría a satisfacer necesidades en una superficie ordinaria que sobre un elemento protegido. La ordenanza enumera ambos supuestos y los separa por su alcance y sus consecuencias.

Cómo sacar un mueble sin abandonarlo en la calle

El Ayuntamiento mantiene la recogida gratuita de muebles y enseres domésticos. La solicitud puede comunicarse mediante el teléfono 010, la web municipal o AppValència. Conviene pedir primero el servicio y seguir la indicación municipal sobre la retirada, en lugar de dejar el objeto junto a un contenedor y esperar que lo recojan.

Este paso es especialmente útil porque el abandono de muebles está incluido entre las infracciones graves. La regla alcanza tanto a dejarlos en la vía pública como al lado de los contenedores o en otros lugares no habilitados. Si un mueble ya no sirve, la alternativa es utilizar el canal de recogida establecido y no bloquear el acceso a los contenedores ni el paso peatonal.

Para los residuos diarios, la pauta es más sencilla: llevar cada fracción al contenedor o punto que le corresponde y depositarla dentro, respetando las condiciones y horarios del servicio de recogida. Colillas, papeles y chicles pequeños deben ir a una papelera. Dejar residuos dispersos puede convertir una infracción menor en un supuesto más serio si el volumen, el lugar o el daño cambian el alcance de la conducta.

Las obligaciones con los animales también se mantienen

Quien pasea a un animal debe llevar los medios necesarios para retirar sus excrementos y limpiar sus micciones. La ordenanza obliga a recoger y retirar las deposiciones y a limpiar con agua la zona afectada por la orina. La limpieza debe hacerse de inmediato y también puede ser necesario limpiar la parte de la vía pública ensuciada.

La norma pide además procurar que los animales no hagan sus necesidades en las zonas de tránsito peatonal, las puertas de edificios, las áreas infantiles o espacios que no estén destinados a su uso. En la práctica, llevar una bolsa y una botella de agua permite responder en el momento y reduce la suciedad que queda en la acera.

Desde el martes 13 de octubre, la Policía Local puede pasar de la información a la denuncia. Para entender qué importe podría corresponder, el dato decisivo no es la cifra más alta difundida, sino la conducta concreta, su calificación y las circunstancias que el expediente pueda acreditar.