La nueva regulación de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) se aplica desde el 20 de octubre de 2026. La reforma cambia el cálculo de la prestación, incorpora complementos para gastos de vivienda y para hogares con menores y establece un incentivo para quienes ya la reciben y comienzan una actividad laboral. También regula el requisito de residencia habitual, reforzado en una modificación que ya estaba vigente desde el 11 de agosto, con excepciones que conviene conocer antes de iniciar una solicitud.

La Ley 2/2026 se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 20 de abril y dispuso su entrada en vigor seis meses después. Su aplicación alcanza a los municipios de toda la Comunitat, por lo que afecta también a quienes soliciten la ayuda desde la provincia de Valencia. La norma prevé que las solicitudes que seguían en tramitación al entrar en vigor se resuelvan con arreglo a la nueva ley.

Qué cambia para quien busca trabajo

La reforma crea un incentivo al empleo para las unidades de convivencia que ya perciben la RVI cuando una de sus personas integrantes inicia una actividad por cuenta ajena o propia. El incentivo se aplica durante un máximo de doce meses, con un coeficiente del 40 % durante los primeros cuatro meses, del 60 % durante los cuatro siguientes y del 80 % durante los últimos cuatro. La norma excluye de este cálculo los ingresos procedentes de relaciones laborales fijas discontinuas.

Para ingresos laborales de hasta 200 euros mensuales, la ley establece que no se aplique el coeficiente y que esa cantidad no se compute durante el periodo máximo de doce meses. Si el cálculo del incentivo supera la prestación reconocida, esta puede quedar temporalmente en cero, pero la ley limita esa situación a doce meses. Si se supera ese plazo, se extingue la prestación reconocida.

Esta compatibilidad tiene un alcance concreto. La ley mantiene entre los requisitos de acceso que la persona solicitante no esté dada de alta laboralmente. El incentivo se dirige a quien ya es titular de la renta y empieza a trabajar, no convierte la RVI en una ayuda que pueda solicitarse mientras se está trabajando. La diferencia importa para no confundir la protección durante una transición al empleo con el acceso inicial a la prestación.

La norma también recoge obligaciones asociadas al acuerdo de inclusión y al acompañamiento de servicios sociales. En los hogares con menores, la escolarización y la asistencia se vinculan al mantenimiento de la prestación. La aplicación de esos compromisos forma parte del itinerario de inclusión y debe atender a la situación de cada unidad de convivencia.

El requisito de residencia y sus excepciones

Para acreditar la residencia habitual, la regla general exige estar empadronado en un municipio valenciano durante tres años continuados inmediatamente antes de la solicitud o durante diez años, continuados o no, dentro de los treinta anteriores. También se debe estar empadronado en la Comunitat al presentar la solicitud y mantener ese requisito. La modificación que estableció estos periodos se publicó el 10 de agosto y entró en vigor el día 11, antes de la aplicación general de la reforma de la RVI el 20 de octubre. Por eso, el requisito de residencia ya se aplicaba cuando entraron en vigor los demás cambios que explicamos aquí.

La norma contempla vías para acreditar la residencia efectiva cuando no sea posible el empadronamiento. Entre los medios que enumera figuran tener asignada una tarjeta sanitaria individual, estar inscrito como demandante de empleo, tener descendientes escolarizados o ocupar una plaza concertada en determinados servicios sociales. Los servicios sociales de atención primaria pueden pedir apoyo a entidades sociales inscritas para documentar esa residencia.

Además, la ley exime del periodo mínimo a quienes se incorporan a una unidad familiar por nacimiento, adopción, reunificación, guarda o acogimiento. La exención también comprende a personas con protección internacional, apátridas o bajo protección temporal, a víctimas de explotación sexual o trata y a víctimas de violencia contra las mujeres o intrafamiliar que hayan formado una nueva unidad de convivencia. La acreditación depende de cada situación y de los medios previstos en la norma.

El debate sobre el requisito volvió a la actualidad el mismo 20 de octubre, cuando el director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo defendió la reforma en una entrevista en Radio Valencia. La ley detalla las alternativas y excepciones en el artículo dedicado a la residencia. Reducir el cambio a una exigencia uniforme de tres años dejaría fuera las otras vías de acreditación y los supuestos exentos.

Complementos para vivienda y familias con menores

La RVI puede sumar un complemento equivalente al 30 % de la prestación reconocida para ayudar a pagar el alquiler o la cuota hipotecaria de la vivienda habitual. En el caso de una hipoteca, la persona titular de la prestación debe ser también titular de la vivienda. El complemento no puede superar el gasto real ni reconocerse si el hogar recibe otra ayuda con la misma finalidad. Si el importe calculado queda por debajo de diez euros mensuales, no se concede.

Los hogares con menores pueden recibir un complemento por cada menor, dentro de los importes y topes que fija el anexo de la ley. Tampoco se aplica cuando ya se perciben recursos destinados al mismo fin. No es una cantidad idéntica para todas las familias: la cuantía depende de las condiciones establecidas en la norma y de los apoyos concurrentes.

La prestación máxima general varía según el número de integrantes de la unidad de convivencia. La ley fija importes mensuales desde 793,80 euros para una persona hasta 1.247,40 euros para seis o más. Son cuantías máximas de referencia. Los ingresos computables, el patrimonio, los complementos que correspondan y otras prestaciones estatales pueden modificar el importe final.

Dónde se inicia el trámite

La solicitud se presenta mediante el formulario normalizado dirigido a la dirección general competente. La ley da preferencia a la vía telemática, aunque permite presentarla a través de los servicios sociales de atención primaria, en el registro municipal del domicilio habitual o por otras vías admitidas por la normativa administrativa. Los servicios sociales intervienen también en la evaluación de la situación y en el diagnóstico de vulnerabilidad.

La Administración dispone de un plazo máximo de cinco meses para resolver. Si se reconoce el derecho, los efectos económicos empiezan el primer día del mes siguiente a la presentación. Si se requiere subsanar la solicitud, el cómputo económico se desplaza al mes siguiente a la subsanación efectiva. La entrada en vigor no supone que las solicitudes queden concedidas automáticamente ni que el pago llegue de inmediato.

Quien ya cobra la RVI debe tener presente el régimen transitorio: la ley mantiene el derecho de las personas titulares de modalidades anteriores, pero ajusta su prestación a las nuevas reglas. Para quien piensa solicitarla, el primer paso práctico es comprobar qué requisitos se aplican a su hogar, reunir la acreditación de residencia y consultar en servicios sociales si concurre alguna excepción. Si el empadronamiento no refleja toda la residencia efectiva, conviene plantearlo durante la valoración y aportar los medios que la ley reconoce.