El decreto de la Diputación de Valencia asigna 1.690.000 euros a 82 municipios de la provincia incluidos en el Fondo de Cooperación Municipal para la lucha contra el despoblamiento de 2026. El anuncio apareció en el Boletín Oficial de la Provincia el 17 de noviembre y el decreto está fechado el día 9. El anexo detalla cuánto corresponde a cada localidad, desde 10.160,22 euros hasta 40.640,88 euros.

La cifra provincial permite conocer la aportación aprobada para cada ayuntamiento, pero no demuestra por sí sola que el dinero haya llegado ya a las cuentas municipales ni que el fondo vaya a revertir la pérdida de población. Para interpretar el reparto conviene separar tres cuestiones: quién cumple los criterios, qué fórmula se ha aplicado y qué obligaciones establece la resolución después de la asignación.

Qué importe recibe cada municipio

La Diputación aprueba una aportación global de 1,69 millones de euros con cargo al presupuesto provincial de 2026. La resolución recoge 82 municipios beneficiarios. Anna, Ayora, Enguera y Villar del Arzobispo reciben 40.640,88 euros cada uno. En el extremo inferior, Benicolet, Cotes, Otos, Salem y Sellent tienen asignados 10.160,22 euros. Quatretonda queda a un céntimo del importe máximo, con 40.640,87 euros.

Municipio Asignación provincial
Anna40.640,88 euros
Ayora40.640,88 euros
Enguera40.640,88 euros
Villar del Arzobispo40.640,88 euros
Ademuz28.561,73 euros
Puebla de San Miguel11.262,94 euros
Sempere10.847,05 euros
Benicolet10.160,22 euros

El reparto parte de las cantidades que la Generalitat había asignado a cada municipio en su resolución de 31 de julio de 2026. La Diputación aplica a esos importes un coeficiente de 0,677347922. Por eso las cifras del anexo corresponden a la aportación provincial calculada sobre la base autonómica, no a una suma de las dos administraciones. El total publicado en el decreto provincial es de 1.690.000 euros.

El anexo sirve para comprobar el importe individual, mientras que el decreto explica la regla de cálculo y el crédito presupuestario que lo financia. La tabla no permite deducir que las localidades con más asignación vayan a registrar mejores datos demográficos. Los importes responden al criterio de reparto establecido para este ejercicio y no son una medición del resultado de las políticas locales.

Qué criterios determinan quién puede recibirlo

La resolución considera beneficiarios a los municipios que cumplan al menos uno de cuatro supuestos. El primero incluye a los que reúnen cuatro o más indicadores del artículo 15.1 de la Ley 5/2023. La norma contempla seis indicadores: densidad de población de hasta 20 habitantes por kilómetro cuadrado, crecimiento demográfico nulo o negativo durante veinte años, saldo vegetativo igual o inferior a menos 10 por ciento de la población en ese periodo, envejecimiento igual o superior al 250 por ciento, dependencia igual o superior al 60 por ciento y saldo migratorio nulo o negativo en los últimos diez años.

También pueden entrar municipios que pertenezcan a un área funcional con una densidad demográfica de hasta 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado o que tengan menos de 300 residentes. El tercer supuesto alcanza a municipios de menos de 1.000 habitantes que cumplan al menos dos de esos seis indicadores. El cuarto mantiene como beneficiarias a localidades que recibieron el fondo el ejercicio anterior y han dejado de reunir los requisitos en 2026.

Son vías alternativas, no condiciones que todos los ayuntamientos deban cumplir a la vez. La presencia en el anexo confirma que la resolución los incluye en el reparto de este año, pero no explica por sí misma qué indicador concreto reunió cada localidad. Tampoco permite concluir que la asignación haya frenado el despoblamiento. El fondo dirige financiación a municipios que encajan en los criterios legales, pero su efecto demográfico requeriría otras pruebas y un seguimiento posterior.

Qué uso permite la aportación y qué debe hacer el ayuntamiento

El decreto califica estas cantidades como aportaciones incondicionadas y no finalistas, excluidas del régimen de subvenciones. En términos prácticos, no vincula el dinero provincial a una obra, factura o proyecto concreto. El marco autonómico define esta línea como financiación global de la actividad y de los servicios que corresponden a los municipios en ejercicio de sus competencias. El ayuntamiento puede integrar el ingreso en su gestión presupuestaria municipal conforme a ese carácter general.

La aportación no elimina las obligaciones de control. La resolución provincial exige que los ayuntamientos beneficiarios faciliten la información que les requiera la Diputación y que se sometan a las actuaciones de comprobación y seguimiento que la institución estime pertinentes. El decreto también ordena comunicar la resolución a Intervención General y a las entidades interesadas. La aprobación de una asignación no exige presentar una nueva solicitud para aparecer en este listado, porque la relación de municipios y cuantías ya está resuelta.

Cada consistorio puede empezar por revisar la cantidad que figura en el anexo y la notificación que reciba, y conservar la documentación presupuestaria del ingreso para atender las comprobaciones que se soliciten. La resolución no fija una fecha de transferencia ni un calendario municipal de ejecución. El texto permite afirmar que se reconoce la obligación y se ordena el pago, pero no que el abono se haya completado.

Si un ayuntamiento considera que la resolución le afecta de forma desfavorable, el propio anuncio señala dos vías. Puede presentar, de manera potestativa, un recurso de reposición ante la Presidencia de la Diputación en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación. También puede acudir directamente a la jurisdicción contencioso administrativa dentro de los dos meses siguientes a esa notificación. El plazo se cuenta desde que el acto se notifica al consistorio, no desde la fecha impresa en el Boletín Oficial.

La consulta más inmediata para la ciudadanía es el importe individual publicado y el uso general que permite su naturaleza no finalista. Para saber cuándo se hará efectivo el ingreso en una localidad concreta hará falta que el ayuntamiento confirme el abono en su contabilidad. El decreto pone en marcha la fase de asignación y orden de pago, mientras que esa comprobación contable identifica si la transferencia ya se ha producido.